13.5.13

Francia anulará la Ley Hadopi

La cambiará por multas y un nuevo canon digital

DERECHO A LIBRE ACCESO A INTERNET

Según El País Tecnología

Hollande sentencia la ley antipiratería de Sarkozy

No habrá más cortes de Internet decididos por un juez", anuncia la ministra francesa de Cultura

 

- El Gobierno socialista de Francia ha dictado la sentencia de muerte de la ley Hadopi, una de las más duras del mundo para evitar las descargas ilegales de contenidos. Lo que no habían conseguido los legisladores norteamericanos con los proyectos SOPA y PIPA, lo consiguió el anterior Gobierno conservador de Nicholas Sarkozy con la Hadopi, también conocida como la ley de los tres avisos, por el que al tercero el ciudadano se quedaba sin conexión a Internet.

La ley Hadopi tiene sus días contados, según la propia ministra de Cultura, Aurelie Filippetti. "Para los internautas, hay que señalar que no habrá más cortes de Internet decididos por un juez", porque supone un "atentado grave contra una libertad (la del acceso a Internet) reconocida por el Consejo Constitucional", declaró la ministra.

La ley Hadopi, junto a otras similares que se desarrollaron o se intentaron desarrollar hace unos años, como las norteamericanas SOPA y PIPA, fueron muy criticadas por el creador de la WWW, Tim Berners-Lee, que, en una carta a Scientific American, llegó a acusar a estos países de coartar la libertad de las personas como China y otras dictaduras.

La decisión llega con el informe Lescure, llamado así porque ha sido realizado por el expresidente de Canal +. Pierre Lescure promueve nuevas medidas en el campo audiovisual, entre ellas un pequeño impuesto sobre tabletas, móviles y ordenadores para ayudar a la cultura. El estudio, de 500 páginas, propone modificar el sistema antipiratería digital vigente en Francia para que ningún usuario llegue a verse privado de su conexión a Internet, como sucede con la actual ley, que data de 2009 y que fue redactada por Denis Olivennes, brazo derecho de Lescure en su etapa el Canal+, pero que, al parecer, respecto a esta ley, tenían ideas diferentes.

Las multas por descargas ilegales se reducirían a la décima parte, de 1.500 euro a 60

El informe plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión. Además, anima a reducir sensiblemente las sancione económicas, pasando del tope de 1.500 euros de la actual legislación a un máximo de 60 euros, que es el precio de un abono anual en una plataforma legal para escuchar música en línea.

Otra de las propuestas del informe consiste en gravar con un nuevo impuesto a fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y televisiones con conexión a internet. El informe fue encargado por el Gobierno francés para desarrollar nuevas herramientas que contribuyan a financiar los contenidos culturales.

El Informe Lescure busca actualizar el concepto de "excepción cultural", nacido en los años ochenta para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen parte de sus beneficios a la creación.

La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple.

El informe Lescure propone un gravamen sobre tabletas, móviles y ordenadores para ayudar a la Cultura

Se trata de que quienes fabrican y comercializan los aparatos que puedan reproducir textos, vídeos o audios aporten un canon digital destinado a reforzar la industria cultural francesa.

El texto, redactado a petición del presidente de Francia, François Hollande, por el expresidente del Grupo Canal +, Pierre Lescure, es el resultado de nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés.

La ministra francesa de Cultura señaló que esa tasa sería "extremadamente pequeña" y servirá para alimentar "una especie de cuenta de apoyo a las industrias creativas: la música, el cine, la fotografía y el videojuego, que crean empleo en Francia".

El Informe Lescure también aboga por reducir de 36 a 18 meses el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la llegada de una película a las salas de cine y su explotación en pago por visión.

EL PAÍS Madrid 13 MAY 2013

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